Con una población que es más del 95 por ciento latina, la ciudad de Laredo, en Texas, tiene una de las proporciones más altas de residentes latinos en Estados Unidos. Otro dato, que no es tan favorable es que Laredo se encuentra entre los 20 lugares con mayor riesgo de cáncer, gracias a una planta de esterilización médica que emite un contaminante tóxico que aumenta el riesgo de leucemia, especialmente en niños.
Los niveles de emisión cumplen con las regulaciones estatales, pero estas van en contra de los estándares federales de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA). Los estudiantes de la escuela primaria más cercana a la planta tienen un riesgo elevado de cáncer de por vida que es casi tres veces el nivel de riesgo máximo que la EPA considera aceptable.
Más de una cuarta parte de los residentes de Laredo vive en la pobreza y pasaron años antes de que se les informara sobre los peligros que amenazaban a su comunidad.
El caso de Laredo es uno de los muchos ejemplos en un nuevo informe en inglés, publicado conjuntamente por el Brennan Center y la Union of Concerned Scientists, sobre las decisiones de agencias estatales y locales que se basan en ciencia manipulada y hacen necesario establecer reformas. La protección de la integridad científica en las decisiones gubernamentales es crucial para la salud y la seguridad de las comunidades desatendidas; de hecho, es una cuestión de vida o muerte.
Las personas no blancas ya tienen una probabilidad desproporcionada de estar expuestas a la contaminación del aire en el trabajo y en casa, de vivir cerca de fuentes de peligros ambientales, en zonas con mayor riesgo por el cambio climático y de carecer de cobertura médica adecuada y estabilidad laboral.
Las decisiones de salud pública que rechazan la evidencia científica exacerban estas desigualdades de siempre.
Pero casi de forma rutinaria, los líderes gubernamentales de todo el país manipulan y tergiversan la investigación científica, ya sea la tasa de infección por Covid-19, las causas del cambio climático o el nivel de exposición a sustancias químicas peligrosas.
Altos funcionarios han ocultado datos o incluso cambiado conclusiones científicas para impulsar sus políticas preferidas. Algunos han censurado o intimidado a los expertos. Y los encargados de formular medidas para el público han ignorado las investigaciones que se suponía que debían utilizar para proteger la salud pública y el medio ambiente, o han inventado del todo sus propios datos.
Los casos de conflicto de intereses abundan. La rendición de cuentas, no tanto. Las protecciones contra la politización de decisiones basadas en la ciencia son mas débiles a nivel estatal y local (donde se toman decisiones de impacto diario a la salud pública) que a nivel federal.
Después de años de estudio, la EPA produjo una evaluación arbitrada para reglamentar el contaminante encontrado en la planta de esterilización de Laredo, y Texas es el único estado que la rechazó oficialmente. En vez, la agencia ambiental del estado, cuyo director de toxicología en ese entonces era un excabildero del sector de petroquímica, estableció un límite de exposición 3,500 veces superior al estándar recomendado por la EPA. La agencia estatal no ha hecho público su análisis.
Abusos como estos tienen consecuencias nefastas para la salud y la seguridad de las personas. Y los latinos y los afroamericanos siguen siendo los más afectados cuando la ciencia se ignora para obtener beneficios políticos o financieros. Persisten siglos de política discriminatoria en Estados Unidos que está arraigada en desigualdades raciales y étnicas que determinan la pobreza y la riqueza, la estabilidad de la vivienda, las condiciones laborales, la educación y la inversión comunitaria.
Tomemos como ejemplo el Covid-19. Según detalla el nuevo informe, los líderes de todo el espectro político suprimieron y manipularon datos sobre la tasa de mortalidad e infección para encubrir una mala gestión, mejorar su perfil político o levantar las restricciones de salud pública mucho antes de que se considerara seguro hacerlo.
Funcionarios estatales ocultaron información sobre la eficacia de las normas que obligaban el uso de mascarillas e incluso presionaron a los investigadores para que destruyeran los datos. En un caso, el director de salud pública de Florida cambió un informe de investigación estatal para hacer que las vacunas parecieran más peligrosas. Si se hubieran implementado salvaguardas, es probable que menos personas se hubieran enfermado o muerto.
La disparidad en las condiciones de vida y de trabajo hacen que esto afecte mucho más a los latinos. En los primeros meses de la pandemia, los latinos tenían una probabilidad tres veces más alta de infectarse con Covid-19 que los estadounidenses blancos. La probabilidad de que murieran a causa del virus era de casi el doble.
Los latinos ocupan un alto porcentaje entre los trabajadores esenciales de primera línea y los sectores que requerían trabajo fuera del hogar. En comparación con los estadounidenses blancos no hispanos, un número desproporcionado de latinos vive en vecindarios de mayor densidad demográfica y convive con familiares de varias generaciones, lo que implica mayor riesgo de exposición.
Cuando la nación pasó a cuarentena, estas disparidades también se tradujeron en pérdida de ingresos y atención médica, lo que pudo haber motivado a las personas a asumir mayores riesgos porque peligraba su estabilidad financiera.
Además, la exposición a la desinformación contribuyó a reducir la tasa de vacunación entre las comunidades marginadas. Tres años después, a pesar de algunos avances, la comunidad latina todavía tiene una tasa desproporcionadamente alta de infecciones, hospitalizaciones y muertes por Covid-19.
Los estados y localidades deben implementar reformas para garantizar la independencia de los científicos y la integridad de sus investigaciones y datos. Solo dos agencias estatales en el país tienen una política de integridad científica que está disponible al público y garantiza que la investigación científica cumpla con estándares profesionales reconocidos y esté libre de interferencia política.
La mayoría de los estados no exigen explícitamente que las agencias utilicen los “mejores conocimientos científicos disponibles” en sus decisiones, y pocos tienen suficientes medidas de protección para que los empleados estatales revelen peligros para la salud, la seguridad pública o el medio ambiente sin represalias. Dicha protección debería establecerse o reforzarse, y los estados y localidades deben exigir el acceso público a investigaciones y datos financiados con fondos públicos.
Además, los gobiernos estatales y locales deben:
- considerar el impacto de las medidas de política propuestas en las comunidades desatendidas;
- mejorar la participación comunitaria en los procesos de formulación de políticas públicas;
- crear procedimientos de quejas u otras vías para abordar las preocupaciones de equidad.
Para mejorar la participación comunitaria, los responsables políticos deben realizar actividades de extensión comunitaria sobre las medidas propuestas, celebrar audiencias públicas en los lugares afectados, solicitar comentarios de los residentes y reducir las barreras a la participación pública al, por ejemplo, proporcionar información en español y en otros idiomas, además del inglés.
Con tales medidas de protección, se podría haber evitado la exposición de los residentes de Laredo a sustancias tóxicas o, por lo menos, se habrían implementado reformas más rápidas para proteger a su comunidad.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
